PLANTEAN CREAR UN MARCO NORMATIVO PARA REALIZAR EL “OPERATIVO MOCHILA” EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS.
DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA PRESENTÓ UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Con la finalidad de contar con un marco normativo efectivo, funcional y plenamente respetuoso de los derechos humanos al llamado “Operativo Mochila” en las escuelas de educación básica del estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera, propuso una iniciativa que propone reformar el artículo 33 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Propone que el “Operativo Mochila” sea realizado por mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, con previa capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que para ese propósito emitirá un protocolo homologado para las escuelas del estado.
El legislador dijo que, mientras no exista un protocolo homologado para que se lleven a cabo y los realice el personal administrativo sin una capacitación adecuada para que no se cometan actos abusivos, estos señalamientos persistirán e inhibirán que se asuma cualquier medida preventiva que, como ya ha quedado demostrado, es eficaz para prevenir y salvar vidas.
Manifestó que, su propuesta permitirá que la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí deje de ser “letra muerta”, y propicie canales de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los Padres de Familia.
Consideró que, la periodicidad del operativo debe ser definida al inicio del ciclo escolar y al aprobarse esta reforma, se dispondrá de un marco normativo perfectamente funcional, acorde al respeto de los derechos humanos de los alumnos y efectivo en la prevención de situaciones que provocan un inmenso dolor a las víctimas y sus familias
Finalmente enfatizó que, en México cada vez son más frecuentes y letales los ataques perpetrados por alumnos que introducen armas de fuego a las instituciones educativas en las que estudian, debido a que no existen mecanismos de prevención que permitan detectar la introducción de armas de cualquier tipo que pueda poner en riesgo la tranquilidad de los estudiantes; y porque la inmensa mayoría de las escuelas carecen de agentes de seguridad que puedan reaccionar para detener los ataques.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posteriormente ser votada en el Pleno del Congreso del Estado.